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La tradición y algunos autores sostuvieron durante mucho tiempo que la Casa había sido "prestada incondicionalmente" por su dueña, Francisca Bazán de Laguna, para que sesionara en ella el Congreso de 1816. También se decía que los muebles y otros enseres necesarios para las deliberaciones habían sido cedidos por las familias notables de la sociedad tucumana. En 1972, el historiador Ramón Leoni Pinto demostró en un artículo que tuvo poca difusión pero gran impacto historiográfico que ambas cosas no eran ciertas. Leoni Pinto, probó con documentos del Archivo Histórico de Tucumán que en 1815 " el Estado provincial refaccionó y alquiló la Casa para que funcionaran en ella la Caja, la Aduana principal y sus Almacenes". El alquiler costaba 25 pesos por mes.